Aquest són els firmants del “Manifiesto por la lengua común” que, entre altres coses, diu això:
Son los ciudadanos quienes tienen derechos
lingüisticos, no los territorios ni mucho menos las
lenguas mismas. O sea: los ciudadanos que hablan
cualquiera de las lenguas co-oficiales tienen
derecho a recibir educación y ser atendidos por la
administración en ella, pero las lenguas no tienen
el derecho de conseguir coactivamente hablantes
ni a imponerse como prioritarias en educación,
información, rotulación, instituciones, etc… en
detrimento del castellano (y mucho menos se
puede llamar a semejante atropello “normalización
lingüística”).
(...)
En las comunidades bilingües es un deseo
encomiable aspirar a que todos los ciudadanos
lleguen a conocer bien la lengua co-oficial, junto a
la obligación de conocer la común del país (que
también es la común dentro de esa comunidad, no
lo olvidemos). Pero tal aspiración puede ser
solamente estimulada, no impuesta.
Per fer el manifest totalment coherent amb el principi del que deriva la seva argumentació, i que jo comparteixo, seria partidari de modificar-ne el punt cinquè.
5) Los representantes políticos, tanto de
administración central como de las autonómicas,
utilizarán habitualmente en sus funciones
institucionales de alcance estatal la lengua
castellana lo mismo dentro de España que en
extranjero, salvo en determinadas ocasiones
características. En los parlamentos autonómicos
bilingües podrán emplear indistintamente, como
natural, cualquiera de las dos lenguas oficiales.
Precissament perquè la llengua és un dret de les persones i no dels territoris caldria acceptar el dret de diputats i senadors a parlar també en català en les institucions polítiques comunes, així com el dret que tenen els ciutadans espanyols catalanoparlants a rebre -si volen- ensenyament en català en qualsevol lloc d’Espanya, sempre que hi hagi una demanada suficient. Per coherència i per reciprocitat, simplement.