Retornar a Montesquieu per salvar la Justícia

Manuel Jiménez de Parga:

En diciembre de 1969 la revista «Cuadernos para el diálogo» dedicó un número extraordinario a la Administración de la Justicia en España. Nos encontrábamos en pleno franquismo. No obstante un grupo de aficionados a los temas jurídicos nos arriesgamos a enfocar el asunto con criterios liberales y democráticos. Mi colaboración la titulé «La independencia del poder judicial», el mismo encabezamiento de estas reflexiones escritas cuarenta años después.

Resulta obligado iniciar el razonamiento, entonces y ahora, con las sabias advertencias de Montesquieu: «No habrá libertad si el poder de juzgar no se separa del poder legislativo y del poder ejecutivo» (De l´Esprit des Lois, XI, 6). En 1969 el régimen establecido en España se articulaba con un Ministerio de Justicia que podía mediatizar la tarea de los jueces. La Constitución de 1978 pretendió acabar con cualquier dependencia de quienes debían administrar la justicia y dedica su título VI al Poder Judicial, el único de los poderes del Estado consagrado nominalmente.

Sin embargo, el órgano de gobierno de jueces y magistrados, o sea el Consejo General del Poder Judicial, experimentó una profunda desvirtuación el año 1985. La mitad de sus miembros sería elegida, conforme a la nueva Ley Orgánica, por el Congreso de los Diputados y la otra mitad por el Senado. Quiere esto decir que era el Poder Legislativo el que iba a decidir la composición del órgano de gobierno del Poder Judicial. ¿Dónde quedó la separación que defendía Montesquieu? A mi entender, el cambio operado por la Ley Orgánica de 1985 fue una auténtica modificación del orden constitucional. Fue un cambio sin reforma, una mutación de la Constitución sin modificar el texto de 1978. Así lo escribí en aquellos días de 1985. He insistido en mi crítica varias veces, pero mis palabras cayeron en el vacío.

El mal camino entonces iniciado nos ha llevado a la mala situación presente, con deformaciones parecidas, y algunas idénticas, a las que se detectaban con facilidad en 1969, cuando propugnábamos en «Cuadernos» el fin de lo dictatorialmente existente. Se avanzó en 1978 y luego se retrocedió.