Tard i malament

Xavier Sala-i-Martín:

Por fin el gobierno de España ha aprobado un paquete de medidas económicas contra esa crisis económica que, según el presidente Rodríguez, no existe. Ahora bien: si no hay crisis, ¿a qué vienen las medidas? Supongo que a los ministros les debe entrar un sudor frío cuando piensan en lo que pasará el 31 de Agosto, cuando el último turista vuelva a su casa y lo comparan con lo que pasó el día que el último turista abandonó Barcelona después del glorioso verano olímpico de 1992. Esa comparación les ha hecho tan poca gracia que han adoptado 24 medidas preventivas. La pregunta es: ¿solucionarán el problema esas medidas? Claro que una pregunta previa es: ¿cuál es el problema que se intenta solucionar?

En mi opinión, la economía española ha arrastrado no uno sino dos grandes problemas durante los últimos años: el excesivo peso de la construcción y la falta de productividad. Los continuos aumentos de precios de la vivienda hicieron que millones de familias compraran inmuebles a modo de inversión Recuerden lo que decían convencidos: “a diferencia de la bolsa, el tocho no baja”. Para satisfacer toda esa vorágine de familias disfrazadas de maligno especulador, las constructoras construyeron y construyeron hasta convertirse en principal motor de la economía del país. El 19% del empleo creado durante la última década era de la construcción (en Estados Unidos, la cifra sólo era del 4%) cosa que comportó una peligrosa concentración económica en un negocio que sabíamos que se paralizaría en cuanto los precios dejaran de subir. Y la burbuja se desinfló. Y el motor se paralizó.

El segundo y quizá más preocupante problema es el gargantuesco déficit exterior: España compra 100.000 millones de euros más de lo que vende y eso representa el 9,4% del PIB. Ese déficit exterior es, junto con el griego, el más grande de Europa y casi dobla el tan criticado déficit exterior de los Estados Unidos que sólo llega al 4,8% del PIB.

Para entender por qué el déficit exterior es preocupante permítanme una pequeña lección de economía: el déficit exterior es la diferencia entre la demanda y la oferta. Cuando una economía consume (o demanda) más recursos de los que produce (u ofrece), la diferencia tiene que ser comprada en el exterior. A eso se le llama déficit. Si, por el contrario, la economía produce más de lo que la gente del país compra, la diferencia debe ser vendida en el exterior y eso se llama superávit. El hecho de que la economía española tenga uno de los déficits exteriores más grandes del planeta tierra (y seguramente uno de los más grandes del sistema solar) quiere decir que o bien España compra demasiado o bien vende demasiado poco.

¡Y no! No vale decir que no es que España compre demasiado sino que, al tener que importar todo su petróleo, la factura de importaciones se ha disparado con el aumento del precio del crudo. Eso puede ser verdad… pero no explica por qué España tiene un déficit galáctico y no lo tienen otros países que también importan su petróleo como Alemania, Austria, Finlandia, Holanda, Suecia o Suiza, que no tienen déficits sino superávits de 6,4%, 2,9%, 4,5%, 5,9%, 7,9% y 13,9% del PIB respectivamente.

Si el déficit es la diferencia entre demanda y oferta, es obvio que sólo hay dos maneras de eliminarlo: reducir la demanda o aumentar la oferta. De cajón. Reducir la demanda en un 9,4% del PIB quiere decir que familias, empresas o gobierno tendrán que gastar menos. Eso implica una recesión económica catastrófica. No es lo que persigue el gobierno. Supongo. Ahora bien, si no quieren reducir la demanda, la única alternativa es aumentar la oferta haciendo que las empresas produzcan más con los mismos recursos. Es decir, “aumentando la productividad”. Problema diagnosticado y aquí es donde quería llegar. La pregunta clave es: ¿contribuyen las medidas adoptadas por el consejo de ministros a aumentar la productividad? Pues algunas, claramente, no. Destinar 10.000 millones a impulsar la vivienda protegida no sólo no aumenta la productividad sino que es un intento burdo de salvar a empresas constructoras en un momento en el que España debería reducir el peso de la construcción en el global de su economía. En el mismo sentido, las regulaciones medioambientales sobre energías renovables y lucha contra el cambio climático tampoco aumentan la productividad sino más bien al contrario.

Por otro lado, las propuestas de reducción de la fiscalidad –como la supresión del impuesto sobre el patrimonio-, el fomento de la competencia en transporte de mercancías por ferrocarril, el reforzamiento de la independencia de los reguladores, la flexibilización de la ley de arrendamientos y, sobre todo, la agilización de trámites para la creación de empresas, son medidas que, a medio plazo, sí contribuirán a la productividad.

El problema de esas medidas es que se quedan cortas. Para aumentar de verdad la competividad empresarial es urgente incrementar la calidad del capital humano a través profundas reformas educativas, introducir más meritocracia en el empleo, fomentar la innovación sin confundirla con gasto en I+D, flexibilizar las mentes de los jóvenes para que sean más movibles sectorial y geográficamente y sean menos burócratas y más emprendedores, y seguir reduciendo los enervantes obstáculos burocráticos. Todas esas medidas son importantes. Pero claro, son tan importantes, que no deberían haberse tomado en un urgente consejo de ministros del mes de Agosto. Deberían haberse tomado antes. Mucho antes. Cuando las cosas iban bien.