El juez Garzón tiene un objetivo: demostrar que el general Franco y sus rebeldes tenían un plan de exterminio de buena parte de la población española. Esto es lo que aproximaría la guerra civil al genocidio nazi y lo que haría de la instrucción que trata de culminar un nuevo Nüremberg, aun virtual. Al juez no le bastan las evidencias fácticas de las matanzas del ejército nacional, porque podrían ser fácilmente calificadas como hechos de guerra. Necesita que antes del primer disparo algún documento pruebe que los rebeldes eran conscientes de que necesitarían matar a media España, que estaban claramente dispuestos a hacerlo y que ya lo habían planeado. El juez busca, en realidad (y cárguese a su instrucción la moral de las analogías que vendrán), una suerte de documento de Wannsee, la conferencia de jefes nazis donde probablemente se decidió la solución final, es decir la destrucción de los judíos europeos. El juez ha dado legalidad, con su iniciativa, a expresiones como guerra de exterminio aplicada a la guerra civil o crímenes contra la Humanidad aplicada a las matanzas del ejército franquista, que desde hace tiempo circulan por lugares marginales de la política y la historiografía española. Es probable que cuando logre demostrar que Franco y su ejército trataron a los republicanos como Hitler a los judíos (esto es matándoles por ser republicanos, incluidos hombres, mujeres y niños, y con total independencia de su conducta) habrá dado el paso decisivo hacia la palabra que implora. La palabra es genocidio.Pilar Rahola:
Con la convicción, pues, de que la transición política se basó en la impunidad de los culpables y en el olvido de las víctimas, y con la convicción añadida de que ello implicó una banalización de la dictadura, no estoy convencida de que Baltasar Garzón esté haciendo lo correcto. Primero, porque su iniciativa es el final del espíritu de la transición política y, como tal, implica que un hombre solo, desde su silla de juez, protagonice lo que no ha querido protagonizar una sociedad entera. Es decir, si los partidos políticos, sus seguidores y votantes, los parlamentos y el global social no han querido juzgar a la dictadura, ¿debe hacerlo un juez que se otorga ese privilegio? Y no valoro, en este caso, si la transición fue buena o mala, pero fue, y ese es el espíritu bajo el cual conformamos la sociedad actual. Si hay que revisar la naturaleza intrínseca de la transición política -que se fundamentó en un acuerdo de impunidad de los culpables de la dictadura-, ¿tiene que hacerse porque un juez quiere ganar el Nobel? ¿O porque se considera un Llanero Solitario de la justicia, incluso por encima de la propia sociedad donde la imparte? Tengo mis serias dudas de que el proceso al franquismo sea cosa de un hombre sólo, situado por encima de las contingencias de su propia sociedad. Además, según aseguran la mayoría de los expertos, el proceso iniciado presenta incoherencias legales muy considerables, y al durísimo auto del fiscal me remito. Si, como ha ocurrido en otras ocasiones, la instrucción de Garzón no es todo lo correcta deseable, podríamos estar ante una gran burbuja de expectativas, que se pincharía con la primera aguja legal no prevista. Lo digo porque Garzón está jugando con material muy sensible, desde la memoria de las víctimas hasta los sentimientos de los familiares, pasando por un proceso a todo un régimen cuyo capítulo histórico habíamos decidido cerrar. Si falla, no sólo añadirá un error más a otros de su biografía. Sobre todo fallará ante la esperanza de mucha gente. Y la decepción de un proceso fallido de esta naturaleza es indiscutiblemente trágica.Javier Pradera:
Abstracción hecha de los humores, las emociones y las ensoñaciones de Garzón, sólo importa saber -al igual que ocurrió con el caso Marey, el narcotráfico, la extradición de Pinochet, el ácido bórico y la ilegalización de la trama civil de ETA- si la instrucción de este sumario se ajusta o no a derecho
Por las mismas razones, la maliciosa atribución de oscuras motivaciones ideológicas a los críticos del auto de Garzón en su conjunto, acusándoles de boicotear las legítimas pretensiones de los deudos de los paseados a recuperar sus restos enterrados en fosas y a honrar su memoria, debe ser interpretada como una manipulación de los sentimientos y las emociones de los familiares comparable con la explotación política por la ultraderecha de la memoria de las víctimas de ETA.
Desde esta perspectiva, el escrito del fiscal Zaragoza defiende con sólidos argumentos que el auto de Garzón es una mediocre combinación de mediterráneos historiográficos, disparates jurídicos y sofismas legales dirigidos a reivindicar contra viento y marea su competencia como instructor de la Audiencia Nacional. Sirva como muestra de la fragilidad de la resolución (el análisis detallado de ese texto sin cimientos exigiría casi tanto espacio como sus 68 páginas) la forma en que se manipula la figura de los desaparecidos, siniestro eufemismo utilizado por las dictaduras chilena y argentina durante los años setenta para ocultar la tortura y el asesinato en los chupaderos de miles de opositores supuestamente huidos al extranjero.
