El que va dir el governador del Banc d'Espanya era això:
En los últimos años, la economía española se ha visto abocada a competir en el extranjero a base de mantener costes laborales reales bajos, lo que venía exigido por la baja productividad de la economía. Todo ello tiene consecuencias directas en el bienestar de todos los individuos, y muy especialmente en el de determinados colectivos muy perjudicados, tanto salarialmente como por el desempleo: las mujeres y los jóvenes.
Estas singularidades de la situación de los trabajadores de nuestro país cuando se compara con otros desarrollados – más desempleo incluso en los mejores momentos, más rápido aumento del paro en las fases de ajuste, menor crecimiento de los salarios reales, menor crecimiento de la productividad del trabajo, mayor discriminación entre colectivos…- coincide con una singularidad de nuestras instituciones laborales cuando nos comparamos con esos países. Podríamos detenernos a repasar todo aquello en lo que somos diferentes: la práctica imposibilidad de descolgarse de la negociación colectiva, la escasa participación de las remuneraciones en los beneficios empresariales, los mecanismos de indiciación salarial sin ninguna conexión con la situación de las empresas, la intervención del Estado por medio de autorizaciones preceptivas que impide que las empresas aumenten su productividad, etc. Pero de nuevo la escasez de tiempo me lleva a detenerme en sólo una de estas peculiaridades: la forma en que aseguramos la contingencia de la pérdida del empleo.
España sigue con un sistema de tratamiento de la contingencia de desempleo que en su día fue parecido al de otros países europeos pero que todos ya han reformado en las últimas décadas. En nuestro sistema la ayuda al desempleado combina la prestación pública con el pago de una cantidad que se abona de una vez, relacionada con el tiempo que ha permanecido en una sola empresa. Ese pago corre a cargo de las empresas y no del Estado y, en ocasiones, constituye la parte más sustanciosa de la ayuda al desempleado. Todas estas particularidades provocan numerosas neficiencias en el sistema, lo que determina una menor productividad y un rotundo fracaso en el objetivo de reducir el desempleo.
Tal y como está diseñada la indemnización por desempleo, se desincentiva absolutamente la movilidad de los trabajadores entre empresas, ya que la indemnización depende de la antigüedad del trabajador en la última empresa en la que estaba. Y en el mundo que vivimos la reasignación de trabajadores entre empresas es crucial para que la economía se ajuste adecuadamente a los rápidos cambios que se producen en la demanda y en las tecnologías, para que los rabajadores se trasladen de las empresas en declive a las que desarrollan actividades más productivas.
El sistema de indemnización vigente no favorece ni la creación ni el crecimiento de las empresas más productivas. Y no sólo por el efecto disuasorio que tiene sobre los empresarios, desincentivando la nueva contratación. Son también los mismos trabajadores españoles los que finalmente no aceptan cambiar de trabajo porque, incluso aunque las empresas más productivas les ofrezcan condiciones salariales sustancialmente mejores, no les compensa el cambio ya que la indemnización por despido comenzaría desde cero en su nuevo puesto.
El hecho de que la protección frente al desempleo descanse en buena medida en una indemnización (lo que en términos coloquiales se llama costes de despido) a cargo exclusivamente del sector privado, introduce también numerosas distorsiones. La fundamental es el efecto de desanimar la creación de empresas y la contratación en general, cuestión que, si siempre es importante, lo es más ahora cuando se debe compensar la inevitable y masiva reducción del empleo en la construcción de viviendas con la creación de puestos de trabajo en otros sectores. El sistema español es ineficiente y, sin embargo, sería absurdo ignorar que una gran parte de la opinión pública piensa que el sistema actual protege a los trabajadores. Y es claro que si no hay una conciencia generalizada de los daños que produce, no habrá reformas. Por ello es absolutamente necesario estudiar y difundir las reformas que han hecho otros países europeos y escoger aquellas alternativas que nos permitan aumentar nuestra productividad, y por tanto la competitividad frente al exterior, aumentar nuestra renta per cápita y calidad de vida y mejorar las condiciones de los colectivos más desfavorecidos.
