Acomiadament a la cubana

Yoani Sánchez:

Era abogada en una empresa de Camagüey, hasta que el día de los Reyes magos le entregaron no un regalo sino el acta de su despido. Descorazonada, se llevó a casa el vaso plástico con el que tomaba agua en el trabajo y aquella planta de hojas pequeñas que adornaba su buró. En un primer momento, no supo cómo contarle al marido que ya no tenía empleo, ni siquiera llamó a sus padres para decirles que a su “niña” la habían dejado fuera con el nuevo reordenamiento laboral. Soportó y calló mientras comía en la noche y el noticiero nacional hablaba con optimismo sobre el nuevo camino para lograr la eficiencia. Sólo acostada y en la penumbra de la habitación, le explicó a él que no pusiera el reloj despertador, porque al otro día no tendría que levantarse temprano. Su nueva vida, sin trabajo, había comenzado.

Después de recortar la plantilla, el administrador de aquel centro camagüeyano contrató los servicios de un bufete colectivo para que lleve los temas legales. Si antes la solícita abogada se ocupaba de todo el papeleo jurídico por sólo 500 pesos mensuales (menos de 25 USD), ahora la empresa debe abonar unos 2 000 pesos para recibir la asistencia desde una institución externa. La aritmética atormenta a la jurista desempleada, pues ni siquiera le queda el consuelo de que su despido sirvió para hacer más rentable la empresa. Para colmo, los empleados más confiables políticamente o más cercanos en amistad al director se quedaron en sus puestos.