Francesc de Carreras a "La Vanguardia":
Puede ser que el procedimiento judicial abierto a Ibarretxe esté jurídicamente mal fundamentado.
Puede ser que el Tribunal Superior del Justicia del País Vasco haya actuado, consciente o inconscientemente, por razones políticas, incumpliendo con su deber de ser independientes. Puede ser también que la última sentencia al preso etarra De Juana Chaos por la publicación de dos artículos en Gara sea contraria a derecho. Todo es posible, incluso probable.
Ahora bien, aunque todo lo anterior fuera cierto, es democráticamente injustificable la manifestación auspiciada por el Gobierno vasco y convocada por el PNV, bajo el lema “En defensa de nuestras instituciones”, para deslegitimar a los jueces que cumplen sus funciones en Euskadi. Yes injustificable por dos razones de distinto orden: porque politiza la justicia y porque no respeta el orden constitucional democrático.
En efecto, desde los inicios del liberalismo político la división de poderes es un principio esencial de los estados democráticos, en especial la separación entre el poder ejecutivo y el poder judicial. Desde esta perspectiva, el poder judicial - todos y cada uno de los jueces y magistrados son poder judicial- es independiente de los demás poderes, pero, a su vez, es absolutamente dependiente de la ley, del derecho, del ordenamiento jurídico. En esta aparente paradoja - ser totalmente independiente de los otros poderes y totalmente dependiente de la ley- consiste la independencia judicial.
Todo ello significa que las resoluciones judiciales no expresan el parecer del juez, su concepción personal de la justicia, sino que son el resultado de interpretar las normas de acuerdo con los métodos de interpretación aceptados por la comunidad jurídica y de aplicarlas a un supuesto concreto. La argumentación jurídica es distinta de la argumentación política porque ambas se fundamentan en premisas diferentes y tienen finalidades diversas. En muchos casos el juez dicta una resolución - un auto o una sentencia- con la que está en desacuerdo desde su personal concepción de la justicia, pero no tiene más remedio que hacerlo así, dado que, debido a su vinculación con la ley, ésta no le permite otra salida. Las resoluciones judiciales no expresan, pues, la voluntad del juez, sino la voluntad de la ley.
En consecuencia, la justicia, las actuaciones de los jueces no se politizan en razón del sujeto afectado - es decir, por tratarse de alguien que ocupa un cargo público o se dedica a la política-, sino porque sus argumentaciones no derivan de la ley, sino que se apartan de ella debido a que sus argumentaciones son políticas en lugar de jurídicas. Pero también se puede politizar la justicia en un sentido inverso: intentando el afectado presionar a los jueces para obtener la decisión que más le convenga. Ello alcanza una mayor gravedad cuando este afectado tiene la condición de lehendakari y alega en su favor la alta representación que ostenta. Esto es lo que han intentado hacer el Gobierno vasco y el PNV convocando y asistiendo a la mencionada manifestación del pasado lunes. Pero además está el lema: “En defensa de nuestras instituciones”. Ahí es donde se demuestra que los convocantes quieren no sólo politizar a los jueces, sino también deslegitimarlos, poniendo en cuestión el modelo constitucional de Estado autonómico: se defiende al lehendakari porque es nuestro e, implícitamente, se rechaza a los jueces porque no lo son,porque deben ser considerados algo ajeno al País Vasco, simples funcionarios de ocupación.
Ciega justicia
Antonio Elorza en "El Correo digital":
En los primeros tiempos de la democracia, el principal obstáculo residía en la presencia residual de buen número de jueces procedentes de la era franquista, que se encontraban a disgusto con la nueva situación política y las nuevas leyes. A pesar del transcurso de tres décadas, ese peso de un sector conservador de la magistratura no ha desaparecido del todo. Pero también intervenía la alternativa progre, consistente en suponer que todo elemento coercitivo en la ley o en su aplicación resultaba ya inaceptable. En el conjunto de España, esta tendencia ha desaparecido, pero no así en el País Vasco, cosa lógica en la izquierda abertzale, pero menos explicable en un partido de orden como es el PNV. Por supuesto, ambas corrientes nacionalistas se sirven de la baza jurídica, cuando les resulta favorable, con la máxima intensidad. No en vano la tradición fuerista, germen del nacionalismo contemporáneo, se gestó y formuló por letrados, hasta el punto de construir, no ya alegatos jurídicos en defensa concreta del régimen foral, sino incluso una visión de la historia ‘ad probandum’, del todo vigente en el amplio espacio que media entre los publicistas y abogados de Batasuna y los hombres del Gobierno presidido por Ibarretxe.
Para que semejante construcción se sostenga hace falta siempre un pequeño detalle: prescindir del análisis de la realidad. El resultado es grotesco desde un punto de vista del razonamiento, eficaz como factor de propaganda demagógico. La más alta expresión de esta sinrazón elevada a dogma es la doble condena de la Ley de Partidos y de la ilegalización de Batasuna. Hasta el jelkide más romo, empezando por el lehendakari y su consejero de Justicia, sabe que Batasuna forma parte del tinglado político-terrorista cuyo eje es ETA y que la Ley de Partidos ha tenido un papel decisivo en el desmantelamiento de la trama terrorista, gracias a lo cual hubo la tregua. Saben también que la Ley de Partidos en nada afecta a las organizaciones democráticas. A pesar de lo cual, Ibarretxe y los suyos no dejan de clamar contra la Ley de Partidos y la ilegalización de Batasuna, haciendo buena la apreciación del viejo profesor Tierno Galván de que no hay peor ciego que el que no quiere ver. «El diálogo es la única esperanza», concluye el lehendakari, entre cínico y compungido. En la situación actual, para ETA, habría de que añadir. Una ETA residual puede permitir la resurrección del difunto ‘plan Ibarretxe’ y la vuelta a la iniciativa para su Gobierno. Todas sus actuaciones desde el último atentado responden a esa voluntad de evitar el cerco político a la banda. Como consecuencia, Ibarretxe tiene todo el interés del mundo en saltarse la ley y tratar públicamente a Otegi como si fuera el líder de un partido legal. Antes y después de lo de Barajas. Y así procede. La victimización que sigue al hecho de verse imputado refuerza aún más esa línea política. Los jueces se convierten en el chivo expiatorio, sobre el telón de fondo habitual: España contra Euskadi.
