De les promeses fetes per Zapatero s0bre l'Estatut no en queda ni rastre. Amb la promesa d'acceptar l'Estatut que sorgís del Parlament de Catalunya, va tenir la penya entretinguda durant un parell d'anys. Després se'l va pulir quan va arribar al Congrés dels Diputats i ara li ha donat la puntilla amb les al·legacions presentades per l'advocat de l'Estat al Tribunal Constitucional en el procediment obert pel recurs del Partit Popular. Aquestes al·legacions van ser publicades en explusiva per Jordi Barbeta a La Vanguardia divendres i passat i han provocat una tempesta política a Catalunya.
Aquest és l'article sencer:
El Gobierno acota aspectos del Estatut para superar el Tribunal Constitucional
· El abogado del Estado presenta como alegaciones una interpretación a la baja de la norma catalana
· El documento entregado al Tribunal fija la autoridad inequívoca de las leyes orgánicas del Estado
· El informe gubernamental resta trascendencia política a los artículos que hablan de nación y financiación
Jordi Barbeta El Gobierno, a través de los abogados del Estado, se ha personado ante el Tribunal Constitucional en el recurso del PP contra el Estatut con un documento de alegaciones en el que se defiende la constitucionalidad de la nueva norma catalana a base de formular una interpretación acotada de los preceptos establecidos en la ley con el fin de evitar que los magistrados más renuentes se decanten por mutilar directamente el texto.
El informe de los abogados del Estado, al que ha tenido acceso este diario, consta de 301 páginas y, en resumen, desactiva la trascendencia política de los aspectos esenciales del Estatut, nación, financiación, lengua y competencias. Hay que subrayar que el contenido de este documento es importante por cuanto establece los criterios del Ejecutivo y por lo tanto fija la voluntad política con la que se dispone a aplicar el Estatut. Eso en el mejor de los casos, es decir, siempre y cuando el Tribunal Constitucional haga suyas las alegaciones del Gobierno frente a los argumentos de los recursos de inconstitucionalidad y mientras la orientación política del Ejecutivo sea la misma que ahora. Si prospera la interpretación de que el Estatut deja prácticamente las manos libres "al Gobierno de la nación" en todos los ámbitos, es evidente que el Estatut se aplicará con criterios más o menos autonomistas según cual sea la correlación de fuerzas políticas en España y quedará al albur de las mayorías de Gobierno que se vayan formando con el tiempo.
Hay que subrayar que la "sentencia interpretativa" del Estatut que proponen los abogados del Estado era una posibilidad seriamente temida por el Govern de la Generalitat y considerada "la peor de las hipótesis" en Convergència i Unió por cuanto convierte en "papel mojado" el texto que había de propiciar un salto cualitativo del margen de autonomía política de Catalunya.
Todo lo contrario, por supuesto, de los intereses del Gobierno socialista, para el que lo prioritario es evitar a toda costa una sentencia que anule preceptos porque, en tal caso, supondría un contratiempo para el presidente Zapatero, habida cuenta de que el Estatut es un proyecto de referencia inseparable del proyecto político que lidera.
El propio presidente del Gobierno hizo ayer mismo una significativa referencia a la cuestión. En declaraciones a Onda Cero, el presidente aseguró que, en cualquier caso, la sentencia, "vaya en la dirección que vaya, no provocará ninguna crisis política". "El Tribunal Constitucional va tomar una decisión -añadió el presidente teniendo claro de qué estaba hablando- después de un procedimiento de debate donde todas las partes van a alegar, tienen legitimidad para ello y esperemos la decisión y sus efectos", señaló.
El abogado del Estado ya invita a los magistrados del Tribunal a una sentencia interpretativa. "Si este Tribunal llegara a apreciar que el Estatut en algún punto sobrepasa el contenido constitucionalmente admisible, la consecuencia jurídica nunca podría ser la nulidad de tales preceptos... será necesario un pronunciamiento del propio Estatut o de una sentencia constitucional".
Entrando en materia, en la cuestión más simbólica, respecto a la concepción de Catalunya como nación, el abogado que representa al Gobierno sostiene que se trata de una "perspectiva interna", o sea que quizá sí que los catalanes consideren que Catalunya sea una nación, pero no lo es desde el punto de vista político español: "Si lo miramos en la perspectiva de la Constitución -señala el dictamen-, Catalunya no es nación en el sentido en que lo es España sino nacionalidad con derecho a autonomía".
En el mismo sentido, la expresión "ciudadanos de Catalunya" que el recurso del PP interpretaba como "la pretensión de un residuo de soberanía en Catalunya", el abogado del Estado no observa ni residuo ni rastro alguno. A su juicio se trata de una jerga: "De una misma persona se puede lícitamente decir que, según los niveles políticos es ciudadano europeo, ciudadano español, ciudadano catalán o extremeño, y ciudadano de Blanes o de Úbeda".
Una constante a lo largo del texto de las alegaciones del Gobierno es que el Estatut, que es una ley orgánica del Estado, queda siempre jerárquicamente por debajo de las leyes orgánicas del Estado por el hecho que son de aplicación al conjunto de comunidades autónomas. Este criterio tiene especial incidencia en la cuestión clave de la financiación de la Generalitat. Buena parte del debate del Estatut se entretuvo en precisar que, a diferencia del Estatut de 1979, en el que no quedaba muy claro, esta vez debía fijarse inequívocamente la primacía en Catalunya de la norma catalana respecto a la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca). Era la única manera de hacer posible un tratamiento diferenciado para Catalunya.
Desde el punto de vista del abogado del Estado, los intentos han sido en vano, El dictamen gubernamental señala: "Basta una simple lectura de los preceptos que el Estatut d´Autonomia de Catalunya 2006 (EAC 2006) dedica a la financiación para comprobar que enuncia simplemente principios genéricos, que por sí solos no constituirían ni siquiera el esqueleto de un modelo de financiación. El Estatuto de Autonomía de Catalunya 2006, como no podía ser de otro modo, se limita a asumir el papel que le corresponde de regular mínimamente la hacienda catalana, remitiendo la definición unitaria del modelo a la ley orgánica específicamente prevista en la Constitución".
Y pese a las reiteradas declaraciones de responsables políticos de todas las fuerzas que apoyaron el Estatut para convencer a los ciudadanos de que el Estatut consagraba un sistema específico de financiación para Catalunya, del mismo texto el abogado el Estado interpreta que, "existe una verdadera vocación de integrar los principios de financiación autonómica que establece el EAC 2006 en el modelo general de la Lofca".
No sólo eso. El único aumento objetivo de recursos para Catalunya previsto en el Estatut también queda, según el abogado del Estado, en agua de borrajas, o dicho de otra manera pendiente de la buena voluntad del Gobierno español. El Estatut dispone en su disposición adicional tercera que "la inversión del Estado en Catalunya en infraestructuras... se equiparará a la participación relativa del producto interior bruto de Catalunya con relación al producto interior bruto del Estado para un periodo de siete años". Según el abogado del Estado eso no es más que una declaración de intenciones: "El compromiso de inversión sólo puede entenderse. de conformidad con la Constitución, en el sentido de que la comisión a la que se refiere realizará propuestas de inversión en infraestructuras en Catalunya que sólo se plasmarán en los presupuestos anuales si las Cortes Generales con plena libertad consideran oportuna su inclusión. decidiendo libremente la cuantía de la partida".
En resumen, la filosofía que inspira en su conjunto el documento elaborado por el abogado del Estado establece una relación subordinada del Estatut a las leyes orgánicas del Estado de ámbito general y en algunos casos a la legislación ordinaria de las Cortes y a la propia voluntad del Gobierno central. Ello es especialmente relevante, además de la cuestión financiera, en otros aspectos que hacen referencia al poder judicial y a la distribución de competencias, que en líneas generales queda, según señala el dictamen varias veces prácticamente igual a como estaba en el Estatut de 1979.
En la cuestión de la lengua, el dictamen no interpreta el Estatut como una ley que equipare el derecho de conocer y el deber de usar el catalán con el establecido para el castellano en la Constitución.
Un botón de muestra anecdótico pero significativo del documento gubernamental: El nuevo Estatut considera la Cultura competencia exclusiva de la Generalitat, igual que en 1979. Eso significa que el Govern es el encargado de clasificar las películas de exhibición comercial. En sus alegaciones, el abogado del Estado señala que "esa competencia, aunque exclusiva, no es ilimitada, sino que queda determinada en sus justos contornos por la concurrencia con otros títulos competenciales. Así, en el caso de que el ordenamiento vigente (...) ligue a la calificación de una película como de arte y ensayo o como X consecuencias sobre tributos estatales, prevalecería la competencia estatal al concurrir" conexiones relevantes de otro tipo", que delimitan el título competencial autonómico"
L'independentista que no vol perdre la cadira de "ministre d'afers estrangers" català, Joep-Lluís Carod-Rovira, treu importància a l'afer dient que el govern veia bé l'informe de l'advocat de l'estat on es fa una lectura restrictiva de l'estatut perquè pugui superar el veredicte del Tribunal Constitucional.
Naturalment, això ha provocat contradiccions a ERC i al tripartit:
"Vostès ens faran sortir com la mare de Psicosi, com si fóssim esquizofrènics!". El portaveu d'Esquerra al Parlament, Joan Ridao, va replicar irritat ahir al matí als periodistes que assenyalaven la varietat de tons que exhibeix el discurs republicà. Les al·legacions dels advocats de l'Estat davant el TC per retallar a la baixa el contingut de l'Estatut acabaven de deixar al descobert una "contradicció evident" -en paraules del mateix Ridao- entre la posició del conseller de la Vicepresidència, Josep-Lluís Carod-Rovira, i la posició del partit. Si Carod descrivia l'informe com una bona notícia, perquè reconeix la constitucionalitat del text, Ridao va advertir que, en cas de complir-se la retallada que s'hi apunta, s'obriria un conflicte de resultats incalculables. Quan els periodistes li van fer notar la diferència entre el seu parer i el de Carod, expressat uns minuts abans, Ridao va admetre sense problemes que "la contradicció és evident i té a veure amb els diferents barrets que Carod té al govern i al partit".
No van ser aquests els únics tocs surrealistes de les rodes de premsa que es van succeir. El portaveu del PSC, Miquel Iceta, es va limitar a repetir un cop i un altre que l'objectiu és la constitucionalitat de l'Estatut i que l'informe del govern central és "molt positiu". Fart de la insistència de les preguntes, va reblar que confien que el TC sentenciarà que l'Estatut és constitucional i que "Miquel Iceta és guapo".
A banda de l'angúnia interior del tripartit, l'oasi català ha mostrat la seva cara veritable: l'amenaça contra el que s'atreveix a trencar el miratge. El director de comunicació de Presidència de la Generalitat, Antonio Bolaño, va insultar i amenaçar Jordi Barbeta per haver publicat l'article. Barbeta ho ha denunciat d'aquesta manera:
El Estatut se muere pero hay cosas peores
El contenido de las alegaciones del abogado del Estado al recurso del PP contra el Estatut que publicó La Vanguardia el viernes plantea un dilema políticamente muy significativo. Teniendo en cuenta la correlación de fuerzas del Tribunal Constitucional entre magistrados denominados progresistas y conservadores, es bastante probable que la sentencia sobre la nueva norma catalana se sitúe entre la nulidad que defiende el PP y la constitucionalidad tal como la entiende el Gobierno, es decir, restando trascendencia política real a cualquiera de las formulaciones fundamentales. No ha de extrañar, por lo tanto, que el líder del PP catalán, Josep Piqué, cante victoria por adelantado. Igualmente es comprensible, hasta cierto punto, la honda preocupación que embarga a todos los protagonistas catalanes de la aventura, fundamentalmente el PSC y CiU, que ya están iniciando un pleito de características similares, aunque opuestas, al que protagonizan los parientes de James Brown con el cadáver del artista.
Pero una cosa es preocuparse, pensar cual deberá ser el siguiente paso, y otra muy distinta amargarse y amargar la vida a los demás. El Govern de la Generalitat se ha empeñado en restar trascendencia al contenido del informe poniendo el énfasis en que lo verdaderamente importante es que el Gobierno defienda la constitucionalidad del texto y el Tribunal lo avale. Efectivamente, si el Tribunal avala las tesis expuestas por el abogado del Estado, el Estatut quedará en poca cosa más o menos que el texto de 1979, pero el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, habrá ganado la batalla jurídica que le ha presentado el PP. El partido de Mariano Rajoy necesita que se declare la nulidad de alguno de los artículos fundamentales para poder proclamar a los cuatro vientos el fracaso de la iniciativa auspiciada por Zapatero y que pasaba por ser el buque insignia del proyecto político de la España plural. En todo caso son perspectivas factibles pero cuya repercusión está aún por ver en un país donde nunca pasa nada y cuando pasa no tiene importancia.
Así pues, no se ven motivos para perder los nervios y menos un Govern que tiene toda la legislatura por delante con una oposición cariacontecida. Sin embargo, la inseguridad es tal que algunos altos cargos de la Generalitat han considerado la publicación del documento del Gobierno español como una ofensiva contra el Ejecutivo que preside José Montilla y han tenido una reacción que no por repetida es menos grave. Es más grave que lo que pueda ocurrir con el Estatut, porque afecta a libertades y derechos fundamentales que la primera institución catalana está obligada a garantizar y amparar y no lo contrario.
El día en que se publicó en La Vanguardia el contenido del documento del abogado del Estado, el director de la oficina de Comunicació de la Presidència de la Generalitat, Antonio Bolaño, habló por teléfono con el periodista que firmaba la información y que firma esta columna. Empezó con acusaciones, de las acusaciones pasó a los insultos a los que ya nos tiene acostumbrados a los que nos dedicamos a esto y cuando ya parecía que se había quedado "a gusto", al menos eso dijo, pasó directamente a las amenazas: "Te juro que no voy a parar hasta joderte", dijo entre otras cosas. Todo por publicar un informe "antiguo" del Gobierno amigo en el que apenas se hacía referencia al tripartito. A saber qué ocurrirá el día en que alguien les critique por lo que hacen o por lo que no hacen... Con esta inseguridad ciudadana es difícil trabajar, pero algunos no servimos para otra cosa, así que no tenemos más remedio que hacer frente al maccarthismo local... con más periodismo.
