Paradójicamente, el que Juan Alberto Belloch, entonces ministro de Justicia e Interior y ahora alcalde de Zaragoza, bautizó con pompa como "Código Penal de la democracia" de 1995, es regresivo en cuanto a la equiparación entre los ciudadanos y sus gobernantes. Así lo señala Enrique Gimbernat, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid, en un artículo publicado este miércoles en El Mundo titulado "Los privilegios penales de la Familia Real", a propósito de la causa que se sigue contra Manuel Fontdevila y Guillermo Torres por la viñeta de El Jueves.
Denuncia Gimbernat que si la Casa Real, como dice, no ha tenido nada que ver en la intervención de la Fiscalía y lamenta lo sucedido porque ha multiplicado la difusión de la viñeta, la solución es fácil: "Evitar que en el futuro se produzcan estas discrepancias entre los presuntos deseos de la Familia Real y los criterios del MF [Ministero Fiscal] tiene una fácil solución, a saber: la de tratar al Rey y a sus familiares como a simples mortales, ya que para estos últimos la injuria constituye un delito privado en el que no interviene para nada la acusación pública y que sólo puede ser perseguido a instancias del ciudadano que se siente lesionado en su honor".
Pero en España vamos en sentido contrario: el Código Penal de 1995, en vez de restringir la desigualdad, la extendió, y ampara ahora no sólo al Rey, sino a toda su familia, algo "a lo que no se habían atrevido ni los Códigos Penales de la monarquía autoritaria del siglo XIX, ni siquiera el de 1928, de la Dictadura de Primo de Rivera".
Gràcies T.A.
