Política contra Estat de Dret

La campanya de manipulació política i mediàtica sobre el que éstà passant al Tribunal Constitucional, alimentada en part per l'injustificable retard en resoldre el recurs contra l'Estatut de Catalunya, està minant els fonaments de l'Estat de Dret i la democràcia espanyola. Una campanya que avui denúncia sense embuts Francesc de Carreras en aquest claríssim article:

Sigue la campaña para desprestigiar al Tribunal Constitucional con un objetivo evidente: coaccionar a los magistrados e intentar deslegitimar la institución en vistas al contenido de la pendiente sentencia sobre el Estatut de Catalunya. Las líneas de ataque son dos: primera, tratarlo como un órgano jurisdiccional que actúa sólo por razones políticas; segunda, cuestionar su legitimidad para enjuiciar un Estatuto que ha sido ratificado por referéndum. Vamos a comentarlas.

Un Tribunal Constitucional politizado no quiere decir que sus magistrados carezcan de ideología política sino que sus resoluciones obedecen a razones de oportunidad y conveniencia, es decir, a razones políticas, en lugar de ser fruto de la interpretación jurídica. Cualquier magistrado que mantuviera una línea de conducta semejante cometería un delito de prevaricación y, por tanto, acusaciones no probadas de este tipo pueden constituir delitos de calumnias o injurias si atacan gravemente el honor de dichos magistrados. En efecto, la campaña de dar por supuesta la posición final de los magistrados en la resolución de la sentencia antes dicha puede ser constitutiva de delito. El silencio de la Fiscalía ante estos ataques comienza a resultar incomprensible.

Además, desde el punto de vista exclusivamente informativo, muchas de estas informaciones son manifiestamente falsas. Hace poco el TC ha aprobado la abstención de su presidenta (y de su vicepresidente) en el proceso de inconstitucionalidad sobre la reciente reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Una abstención, en su sentido procesal, significa que un determinado juez o magistrado pide al órgano competente no formar parte del órgano que debe juzgar un determinado asunto debido a que, dada su implicación en dicho asunto, ello podría dañar la imparcialidad del órgano juzgador. Así como la recusación es formulada por las partes en conflicto, la abstención es pedida por el mismo interesado.

Pues bien, el pleno del Tribunal, al acceder a la petición de su presidenta (y de su vicepresidente) ha considerado que su abstención era correcta. La prensa, por su parte, lo ha destacado con informaciones muy distintas: "La presidenta ha sido despojada de su cargo", la presidenta ha sido "destituida" para que no pueda participar en la sentencia sobre el Estatut de Catalunya. Afirmaciones ambas tan tendenciosas como falsas. Lo cierto es, primero, que la presidenta ha seguido siendo presidenta y nunca lo ha dejado de ser, y, segundo, que se ha excluido únicamente en el procedimiento sobre la reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, no en el del Estatut de Catalunya. La confusión, sin embargo, ya se ha sembrado y la finalidad de desprestigiar al Tribunal se está así consiguiendo.

Más grave todavía es el cuestionamiento de la legitimidad del TC para enjuiciar el Estatut por el simple hecho de que ha sido aprobado en referéndum y, peor todavía, por tratarse de una ley eminentemente política. Sostener tal cosa es hoy moneda corriente, al olvidar que nuestro sistema es una democracia constitucional: todas las normas están subordinadas a la Constitución y quien debe garantizar esta supremacía es el Tribunal Constitucional. Pues bien, algo tan obvio y tan fundamental, algo que está dicho explícitamente en la Constitución y en las leyes, es puesto en cuestión por políticos, por comentaristas de prensa y por algún profesor que si leyera eso mismo en el examen de uno de sus alumnos debería suspenderlo. Una posición, por otra parte, que tiene más de una similitud con la deslegitimación de la Constitución alemana que condujo a Hitler al poder. Mucho Carl Schmitt está aflorando en nuestro país por razones de partidismo político.

Ahora bien, a esta preocupante situación ha contribuido también, con sus actos, el mismo Tribunal Constitucional. Especialmente por la lentitud con la que está actuando. Si la justicia tardía es injusticia, este tribunal parece ser partidario de la injusticia. Desde el exterior se le intenta politizar, de eso no hay duda, pero es inexplicable que para resolver incidencias procesales cuya tramitación no debería durar más de un par de horas, tarde el Tribunal varias semanas.

Un Tribunal Constitucional serio debe saber que su papel en el sistema jurídico y político de un país es decisivo. En muchos casos - en Estados Unidos, en Alemania, también en España-, las decisiones judiciales de estos tribunales han tenido trascendencia histórica. Nuestro Tribunal está compuesto por doce CASAS magistrados, tiene un excelente servicio de letrados y doctrina acumulada suficiente como para haber dictado hace varios meses la sentencia en un asunto tan importante como es la constitucionalidad del Estatut de Catalunya. Todo retraso consolida situaciones con difícil vuelta atrás y cada vez la sentencia tendrá más dificultades de aplicación.

El Tribunal Constitucional, por primera vez en 28 años, está demostrando que no está a la altura de las circunstancias históricas. O miedo al veredicto de la sentencia o pereza en su estudio y debate, señores magistrados. No hay otras explicaciones razonables a la tardanza con la que ustedes están actuando. Tienen razón en quejarse por el trato que reciben de los políticos y de la prensa. Pero - a cada uno lo suyo- también ustedes contribuyen, con su inactividad, a esta lamentable situación.