El trabajo está ya hecho. Las posiciones están fijadas. Ya no queda casi nada sobre lo que seguir discutiendo en Derecho. Ahora, a lo que están los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) es simplemente a negociar. ¿Y qué negocian sus señorías, una vez que tienen ya claro qué preceptos del Estatuto de Cataluña son abiertamente constitucionales y cuáles no? Negocian cómo decir lo que quieren decir sin que se note mucho lo que van a decir y se levanten ampollas. Negocian que la defensa del Estado y de la Constitución a la que están obligados -porque es el Constitucional el que, sentencia a sentencia, va haciendo la Constitución-, no acabe convirtiéndose en una bofetada múltiple con malas consecuencias políticas para casi todos y con claros beneficios, también políticos, para unos pocos que ni siquiera están ahora en el poder. Más claro: no se está deliberando sobre el contenido, sino sobre la forma que se le va a dar a ese contenido.
Tres años después, ¡santo cielo!, de que el PP presentara un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña, refrendado por los catalanes con una participación tan débil que dejó el proyecto tambaleándose y hubo que recurrir al inmediato apuntalamiento de los entusiastas, resulta que ahora hay prisa por sacar la sentencia. Después de haber estado alargando el asunto hasta lo impresentable porque el «sector gubernamental» se consideraba entonces en minoría, ya está claro para todos, presidenta incluida, que mientras esta sentencia no se haga pública, el Constitucional no se va a renovar. Al Gobierno le interesa ya despejar este balón cuanto antes. Y a algunos magistrados del TC también, porque tienen otros planes para su futuro. De modo que en un mes o dos veremos bajar a Moisés del Sinaí llevando en la mano las tablas de la ley.
Lo que pasa es que este Moisés constitucional ya tiene por lo menos la mitad de los mandamientos escritos. Los tiene desde hace dos años, cuando en marzo de 2007 hizo público el fallo sobre la deuda histórica de Andalucía. Aquélla no fue una sentencia inocente. Al contrario. Se hizo con la clara intención de sentar las bases que permitieran abordar en el futuro el Estatuto de Cataluña, que ya estaba recurrido. Y allí fue donde el TC dejó claro que, en materia de financiación, que es la apuesta más importante del Estatut, el Estado es quien «tiene la competencia exclusiva para configurar el sistema de financiación de las comunidades que considere idóneo». Y que «dotar de carácter vinculante una voluntad autonómica» no sólo anularía esa potestad, sino que le privaría de ejercer otras, también exclusivas, «como la de coordinación y la de solidaridad» entre los distintos territorios de España.
Es inimaginable que los mismos magistrados que votaron esto se atrevan a cambiar su propia doctrina en el plazo de dos años.Y no lo van a hacer. Van a hacer otra cosa. Van a evitar publicar un fallo que esté lleno de preceptos declarados inconstitucionales y, en lugar de eso, van a intentar vaciar de fuerza jurídica esos mismos preceptos porque -dirá la sentencia- «no vinculan al Estado».
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