El objetivo del Gobierno es básicamente que se cumpla la ley, no cambiarla: (1) arbitraje para resolver los conflictos en convenios colectivos, similar a 1994; (2) vuelta a los límites y a la indemnización (12 días), que ya existían en 1984 y desaparecieron en 1994, para uno de los contratos temporales más utilizados; (3) redefinición de las causas del despido objetivo, como en 1994; (4) incentivos para el contrato de 33 días, como en 1997 y 2006; y (5) la única novedad apreciable: el anuncio de un fondo "austriaco" de capitalización individual.Text íntegre del Reial Decret Llei de Reforma Laboral 10/2010, de 16 de juny.
(...)
Se trata de un momento único porque, aunque ya vivimos situaciones críticas en las dos décadas anteriores, entonces existía la posibilidad de pedir sacrificios transitorios a la sociedad española ante dos grandes proyectos nacionales de carácter permanente: la entrada en la Comunidad Europea y, posteriormente, en la Zona Euro. Ahora, excepto la esperanza de acabar con la crisis, no existe una aspiración común. El conflicto intergeneracional que se ha generado (protección a los padres frente a desprotección de los hijos) ha dado lugar a una demanda creciente de acabar de una vez por todas con esta injusta e ineficiente situación. Es posible que, dentro de cuatro meses, cuando acabe el trámite parlamentario, el resultado sea una reforma de más calado. Ello implica que se juega con fuego: ante la perspectiva de una reforma más justa y radical, podría ocurrir que las empresas trasladasen sus decisiones de contratación a entonces en vez de actuar ahora.
ADDENDA.- Solbes: "A uno le queda la duda de si la reforma laboral será suficiente"