Com hem arribat fins aquí?

Mar Díaz-Varela:

¿Qué ha pasado para que España se vea obligada a pedir financiación europea para recapitalizar la banca española? La respuesta es clara y contundente: una concatenación de hechos y errores gubernamentales que han llevado a la economía al borde del precipicio. No es la primera vez que España se encuentra en una situación similar. Como ha reconocido en privado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, la canciller Angela Merkel le dijo que pidiera el rescate en diecisiete ocasiones, e igual se vieron obligados los gobiernos de Grecia, Irlanda y Portugal. Sin embargo, el presidente Mariano Rajoy siempre se ha opuesto a que España sea intervenida. Como gráficamente afirmó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, “aquí no vendrán los hombres de negro”, refiriéndose a los interventores nombrados por Bruselas.

Sin lugar a dudas, el error más grave lo cometió Rodríguez Zapatero, inducido por su vicepresidente Pedro Solbes, cuando creyó que la crisis de las hipotecas basura norteamericanas, las subprime que estallaron en agosto del 2007, apenas afectaba a la economía española.

Era cierto que bancos y cajas no tenían subprime entre sus activos, pero lo que callaron era que tenían sus propias hipotecas basura como consecuencia de los créditos concedidos a los promotores inmobiliarios durante la burbuja inmobiliaria. Tal como habían denunciado los inspectores del Banco de España un año antes, suponía una auténtica bomba de relojería.

A partir de ese momento se produjo una conspiración del silencio. El gobierno negó rotundamente la crisis. El sector financiero se enrocó asegurando que eran las entidades más seguras del mundo. Prensa especializada, economistas y líderes de opinión se conjuraron para no alarmar a la opinión pública y evitar que se pinchara la burbuja inmobiliaria de forma descontrolada. Se optó por un aterrizaje suave de la burbuja inmobiliaria que evitara el crac.

No fue posible. El mercado reaccionó con enorme virulencia. La primera señal la dio la suspensión de pagos del grupo Llanera (2 octubre del 2007), al que siguieron Hábitat y otras. Al final de ese año no hubo más remedio que aceptar que la crisis inmobiliaria había interrumpido el crecimiento y se iniciaba la marcha atrás. La previsión de crecimiento para el 2008 se fijó en apenas un 2,7% del PIB.

El momento culminante del complot del silencio se produjo en febrero del 2008 en el debate electoral entre Pedro Solbes y Manuel Pizarro. Ganó el entonces ministro, aunque la realidad de los hechos le desmintió después. España sufría una crisis económica de incalculables dimensiones. Sin embargo, el electorado prefirió hacer oídos sordos y confiar en el PSOE, que volvió a ganar las elecciones con 169 diputados frente a los 154 del PP.

En julio del 2008 a Zapatero no le quedó más remedio que aceptar públicamente en una entrevista la crisis económica. Cuatro días después se produjo la mayor suspensión de pagos de la historia económica española, la de la promotora inmobiliaria Martinsa-Fadesa, que dejó una deuda superior a los 5.000 millones a los principales bancos del país.

Pero lo que realmente cambió todo fue la bancarrota del banco norteamericano Lehman Brothers el 15 de septiembre del 2008. Provocó el pánico financiero y bursátil en todo el mundo, haciendo estallar con enorme virulencia la burbuja inmobiliaria española y provocando la mayor crisis del sistema financiero español desde los años ochenta, en que desaparecieron 52 bancos. En esta ocasión la crisis afectaba fundamentalmente a las 47 cajas de ahorros que dominaban más del 54% del crédito en el mercado español.

Esto hizo que el 18 de enero del 2009 Standard and Poor’s, la agencia de calificación de deuda, rebajase el rating del Reino de España desde la AAA, la más alta, hasta AA+. En realidad no era una gran cosa, pero rompió un mito: las cuentas públicas españolas habían dejado de ser una de las más saneadas de la Unión Europea. Ese día se dio el primer paso de la crisis de la deuda.

Como afirma el ministro de Economía Luis de Guindos, “la crisis es como un virus tóxico que ha ido mutando, de las subprime se transformó en crisis financiera sistémica para atravesar el Atlántico y provocar las eurocrisis, contaminando a la mayoría de los bancos europeos. Esto obligó a los estados a salir en su ayuda gastando un 37% de los recursos financieros de la UE en su saneamiento, lo que provocó una ingente deuda que desembocó en la crisis soberana”.

La Unión Europea demostró no estar preparada para la que se le venía encima. Como reconoció el comisario Joaquín Almunia, “ya sabemos cómo combatir el virus anterior, pero como ha mutado no sabemos cómo hacer frente al nuevo”.

Zapatero, aconsejado por su ministro de Industria, Miguel Sebastián, entendió que había una salida de izquierdas y otra de derechas a la crisis, como verbalizó el 12 de mayo del 2009 durante el debate del estado de la nación. El PSOE optó por la primera. Dado que la deuda española era la más baja de la eurozona y apenas representaba el 43% del PIB, decidió una serie de planes de gasto para estimular el crecimiento.

Fue lo que se llamó el Plan E, que llegó a contabilizar hasta doce versiones distintas en las que se gastaron más de 150.000 millones. Se subvencionó la compra de automóviles, viviendas, a las pymes que aumentaran su plantilla... El problema fue que la crisis era mucho más larga de lo que el Gobierno había calculado. Cuando el puente estaba a medio hacer, se quedaron sin presupuesto y todo lo que se había invertido no sirvió para nada.

Esta política expansiva se había llevado por delante al ministro de Economía Pedro Solbes, que se había negado en rotundo, y la ejecutó su sucesora, Elena Salgado. Se disparó el déficit público al 11,3% al final del 2009. Así se produjo la paradoja de que España tenía la menor deuda pero el mayor crecimiento del déficit.

El fuerte estímulo económico no sirvió para gran cosa. La economía registró la mayor recesión, con una caída de la actividad del 3,9% que disparó el paro por encima de los 4 millones. Para entonces ya nadie hablaba de la salud de las finanzas españolas. Esa política se hizo insostenible y Zapatero lo entendió cuando el 9 de mayo del 2010, a instancias de la Comisión Europea, dio un giro de ciento ochenta grados en su política económica. El cambio se visualizó tres días después, cuando compareció ante el Parlamento y anunció un drástico recorte del gasto para ahorrar 15.000 millones de euros en 18 meses. Se recortó el salario de los funcionarios, se congelaron las pensiones, se redujo la inversión en obra publica y se eliminó el cheque bebé.

Aquel día Zapatero se inmoló políticamente. Tranquilizó a los mercados un tiempo, pero no fue suficiente. Las elecciones municipales demostrarían que tal decisión había arrastrado al PSOE en su caída. Ese mismo mes se aprobó el primer rescate de Grecia (110.000 millones). La suerte del euro estaba echada, todos los países pusieron en marcha drásticos programas de ajuste fiscal.

En julio, cinco entidades españolas se encuentran entre las ocho que habían suspendido las pruebas de solvencia del Comité de Supervisores Bancarios. Pero el Banco de España se negaba a la evidencia. El gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. llega a afirmar que tenemos la banca más saneada del mundo. En septiembre, se aprueba una reforma que se considera insuficiente.

En noviembre, Irlanda se ve forzada a pedir el rescate. En diciembre, Zapatero aprueba un nuevo ajuste. Se produce la crisis de los controladores y los sindicatos se avienen a pactar la reforma de las pensiones. Toda la respuesta del gobierno es la ley de Economía Sostenible. Hasta el punto que el 5 de agosto el Banco Central Europeo remite una carta a Zapatero en la que le conmina a realizar una reforma laboral y controlar el déficit.

El 20 de noviembre pasado el PP gana las elecciones. Las tensiones se recrudecen cuando el mercado constata que no hay un plan B, La presión se agudiza cuando el Gobierno hace público que el déficit comprometido por el gobierno socialista del 6% no se cumpliría, sería el 8%. La tensión aumenta cuando escenifica la petición de relajar el objetivo de reducción del déficit del 5,3% hasta el 5,6% del PIB. El gobierno aprueba una reforma cada viernes: laboral y financiera. La barra de liquidez del BCE alivia la tensión hasta que en su política de hacer aflorar el déficit oculto lo eleva al 8%.

El Gobierno aprueba en mayo una segunda reforma financiera. El 10 de ese mes se anuncia la nacionalización del BFA, matriz de Bankia, y una semana después se dice que el déficit ha llegado al 8,9%. El 30 de mayo la CE hace una dura advertencia al Gobierno porque no está haciendo un ajuste suficiente y ahonda la crisis de confianza.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, se ve obligado a pedir una valoración a auditores independientes porque nadie cree ya al Banco de España. Dimite el gobernador y el presidente se muestra dispuesto a resistirse a pedir ayuda, pero la CE le fuerza a pedir un “rescate suave”, por la puerta de atrás.