Al editor de la página de Opinión de The New York Times
Estimado señor:
Su editorial “An Injustice in Spain” del 9 de abril plantea que si los crímenes que el juez Garzón pretendía investigar fueron “como parece probable… crímenes contra la humanidad según la ley internacional, la amnistía española de 1977 no hubiera podido indultarlos legalmente”.
Si la ley internacional a la que nos referimos es el llamado “Estatuto de Roma” de la Corte Penal Internacional (1998), durante la Guerra Civil española se produjeron dos sucesos que podrían calificarse de “crímenes contra la humanidad” (según el artículo 7 de ese Estatuto) por encima de ningún otro: 1) el asesinato de casi 7.000 sacerdotes, frailes, monjas y miembros de asociaciones católicas por ningún otro motivo salvo el de ser creyentes o miembros activos de la Iglesia; y 2) la decisión, llevada a cabo en noviembre y diciembre de 1936 por las autoridades comunistas y sus asesores soviéticos del Comisariado Popular para Asuntos Internos (NKVD), que en ese momento controlaban los dispositivos de seguridad en Madrid, de exterminar a todos los presos “políticos” recluidos en las cárceles de Madrid y otros centros de detención supervisados por los partidos del Frente Popular y otras organizaciones . Los presos eran miembros del Ejército sin responsabilidad alguna en la revuelta militar, ciudadanos de las clases altas y medias, funcionarios, políticos, abogados, médicos, jueces, artistas, profesores, escritores y periodistas, todos ellos sospechosos de simpatizar con el alzamiento militar. Entre 6.000 y 8.000 personas murieron asesinadas, incluidos muchos jóvenes detenidos con sus padres sin motivo alguno.
Con o sin leyes de amnistía, es imposible procesar a ciudadanos ya fallecidos, tanto en España como, a nuestro leal saber y entender, en cualquier otro país del mundo. Los responsables de los crímenes de ambos bandos durante y después de la guerra murieron hace tiempo. Pero hay una excepción muy relevante: Santiago Carrillo, un histórico líder comunista que, indudablemente, estuvo relacionado con el asesinato masivo cometido en Madrid en noviembre de 1936 y que sigue vivo.
El señor Carrillo, que tiene 95 años, tuvo un papel muy positivo en la transición democrática llevada a cabo tras la muerte de Franco. De hecho , tanto él como su partido apoyaron la Ley de Amnistía de 1977, una importante pieza de la arquitectura política que permitió a España pasar pacíficamente de la dictadura a la democracia.
A una gran mayoría de españoles les parecería una locura llevar al señor Carrillo a juicio basándose en el argumento de que el Estatuto de Roma de 1998 pueda suplantar a la amnistía de 1977. A día de hoy, tanto la Guerra Civil como el régimen franquista deben quedar en manos de los historiadores, no de los jueces. Es absurdo mezclar esas dos consideraciones, o intentar establecer un canon histórico que haga “Justicia” para cualquiera de los dos bandos. El intento por parte del señor Garzón de presentar una cause célèbre guarda poca relación con la justicia. En España somos muchos quienes pensamos que ha sido un espectáculo político dirigido al consumo interno, pero ideado también para potenciar su estatus de celebridad internacional.
Madrid, 19 abril, 2010
Aquest text i la seva versió en anglès, aquí.
